-El docente de la Universidad de Magallanes y especialista en franquicias tributarias, Christian García Castillo, explicó cómo funciona este régimen especial, cuáles son sus principales beneficios y los desafíos que enfrenta de cara a la nueva concesión prevista para 2030.
Para muchas personas, hablar de Zona Franca es pensar en un centro comercial o en la compra de productos sin IVA. Sin embargo, detrás de ese concepto existe un régimen económico y tributario mucho más amplio, que ha sido parte de la historia y el desarrollo de Magallanes durante décadas.
Ese fue el tema abordado en el video podcast “Región en Diálogo” de UMAG TV, donde el contador auditor, docente de la Universidad de Magallanes y especialista en franquicias tributarias, Christian García Castillo, analizó el funcionamiento de este sistema y los desafíos que enfrenta la región ante el próximo proceso de licitación de la concesión.
El académico explicó que la Zona Franca corresponde a lo que la literatura económica denomina una zona económica especial, diseñada para facilitar el comercio internacional mediante beneficios tributarios y aduaneros.
“La legislación de zonas francas en nuestro país se enmarca dentro de lo que la literatura económica conoce como zona económica especial. En el caso chileno, las zonas francas tienen un recinto que goza de una presunción de extraterritorialidad aduanera; es como que estuvieran en el extranjero para efectos tributarios y aduaneros”, señaló.
Si bien el contexto económico ha cambiado desde la creación del sistema en los años setenta, García precisó que la principal ventaja para las empresas sigue siendo la exención del impuesto de primera categoría.
“La ventaja más importante sigue siendo el no pagar el impuesto por las ganancias, el impuesto a la renta de primera categoría; esa es en realidad el gran atractivo que tiene la zona franca para que empresas se instalen acá”, afirmó.
Durante la conversación también aclaró uno de los mitos más frecuentes entre la ciudadanía: que en Zona Franca no se pagan impuestos y, por ello, todos los productos deberían ser automáticamente más baratos.
“No es cierto que la baja de impuesto signifique baja de precio o que el alza de impuesto signifique alza de precio; depende de múltiples factores… Lo que permite la zona franca es que exista mayor competencia”, explicó.
Respecto del modelo de administración, recordó que la ley que regula las zonas francas no tiene fecha de término, pero sí los contratos de concesión que permiten a un privado administrar el recinto.
“La ley de zona franca no tiene plazo de vigencia… Lo que tiene plazo es el contrato de concesión, y ese contrato hoy día está en manos de Sociedad Rentas Inmobiliaria hasta el año 2030”, indicó.
A juicio del académico, la preparación de la próxima licitación debe comenzar con anticipación para entregar certezas a las empresas que operan bajo este régimen y atraer nuevos interesados. “Es importante tener rápido resuelto este contrato… yo estaría ya llamando a licitación”, sostuvo.
Asimismo, planteó que el nuevo proceso representa una oportunidad para modernizar el sistema, incorporando mejores mecanismos de control y revisando la legislación vigente para ampliar las actividades que pueden desarrollarse dentro del recinto franco.
“Tenemos muchas oportunidades con este nuevo contrato de concesión… yo haría una presión para modificar la ley porque eso sí requiere un cambio legislativo; por ejemplo, incorporar los servicios para mí es fundamental”, señaló.
Finalmente, García enfatizó que la discusión sobre el futuro de la Zona Franca debe sustentarse en información técnica y en una mirada de largo plazo, considerando el rol que este régimen continúa desempeñando para el desarrollo económico de Magallanes y los nuevos desafíos asociados al control de capitales y la competitividad internacional.
Región en Diálogo va todos los lunes, miércoles y viernes en vivo a partir de las 10.00 horas por las plataformas de UMAG TV.