La Comisión de Ajuste a la Estructura y Dotación Académica de la Universidad de Magallanes concluyó la definición de criterios que regirán el ajuste de la dotación docente en el marco del Plan de Sostenibilidad y Modernización Institucional, los cuales fueron aprobados de manera unánime por el Consejo Universitario en la última sesión, lo que cierra este primer proceso colaborativo.
Este trabajo, fue apoyado por el Comité Consultivo para el Ajuste a la Estructura y Dotación Académica (en la fotografía), compuesto por representantes de todas las facultades, Instituto de la Patagonia, Escuela de Medicina, Centro Universitario Puerto Natales y estudiantes.
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Hernán Rocha Pavés, quien participó de la Comisión de Ajuste, destacó el carácter participativo, riguroso y transparente de este proceso:
“Fue un trabajo extenso, con largas jornadas donde primero se definieron los criterios, se les asignó puntaje y peso específico, y se ajustó considerando las distintas situaciones contractuales de los académicos en los periodos a analizar. Todas las observaciones del Comité Consultivo, fueron leídas, discutidas y consideradas; algunas se aceptaron íntegramente, otras parcialmente, pero todas se estudiaron con seriedad”, enfatizó.
Asimismo, subrayó que uno de los principios fundamentales fue asegurar que los criterios no fueran discriminatorios y se basaran en indicadores establecidos en los reglamentos de jerarquización y evaluación académica, “dando legitimidad y equidad al proceso”, dijo. Rocha reconoció también que, pese al contexto financiero complejo, este trabajo permitió ordenar información dispersa y sentar las bases de un futuro sistema permanente y transparente de calificación docente, destacando la creación del portafolio académico como un avance significativo.
Por su parte, Sonia Zuvanich Hirmas, académica y consejera universitaria que integró el Comité Consultivo, valoró profundamente la dinámica de trabajo:
“Fue un trabajo serio y colaborativo, donde participaron todas las personas convocadas, se analizaron los temas con respeto y apertura, y logramos consensuar propuestas que reflejan también la opinión de las/os consejeras/os y la retroalimentación que recibieron de sus unidades académicas”.
Durante múltiples sesiones, el Comité Consultivo analizó de manera detallada los criterios existentes, proponiendo mejoras orientadas a fortalecer la objetividad y equidad en su aplicación. Entre las propuestas más relevantes se incluyó la aplicación de los criterios hasta el año 2024, considerando los efectos de la contingencia sanitaria en la actividad académica. También se sugirió diferenciar la valoración de capítulos de libros según cuenten o no con comité editorial, y establecer puntajes diferenciados para académicas/os con doctorado, magíster u otros grados, reconociendo las exigencias de cada formación.
Respecto a los criterios de convivencia, se mantuvieron sin modificaciones significativas, reafirmando aspectos esenciales como no haber recibido sanciones por acoso, violencia o maltrato; haber cumplido los programas de perfeccionamiento o sabáticos patrocinados por la Universidad; y encontrarse al día en las obligaciones financieras con la institución.
En el caso de académicas/os regulares, se acordó incorporar puntaje para quienes hayan participado en comisiones universitarias, reconociendo su aporte, aunque con un porcentaje menor al asignado a cargos directivos permanentes. La encuesta docente mantuvo su peso relativo, destacándose la carga académica como criterio principal junto a la productividad científica, los proyectos de vinculación con el medio y la gestión universitaria.
Para académicas/os no regulares, se enfatizó la producción científica –publicaciones indexadas, capítulos de libros y proyectos– además de su participación en docencia y formación de posgrado, aplicando las nuevas diferenciaciones sugeridas según grado académico.