Por Ennio Vivaldi | Presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile

Ennio Vivaldi es rector de la U. de Chile

A propósito de la incipiente propuesta de gratuidad en la educación terciaria, se ha invocado uno de los más elevados valores, la justicia, para exigir que no se dé un trato que se tilda de preferencial y discriminatorio solo a un subconjunto de universidades, pues esa acción favorecería a algunos estudiantes de familias vulnerables y no a otros.

Al escuchar este argumento se podría creer que estamos en un país tan equitativo, que cualquier injusticia sería extremadamente disonante. Acostumbrados a este sistema educacional chileno lleno de injusticias, quizás no resulte abstruso suponer que la ampliación del número de beneficiarios de la gratuidad el próximo año lo haría significativamente más justo. Alternativamente, deberíamos preguntarnos por qué hemos hecho tan poco para mitigar las injusticias en los 18 años transcurridos desde que nacieron estos jóvenes que ahora ingresarán a la educación superior; por qué no nos hemos preocupado de reconstruir para ellos un sistema de educación pública, gratuita y de calidad.

Este es un momento para miradas amplias y sistémicas; para propuestas elevadas y generosas.

Quienes sinceramente cuestionan la propuesta de inicio de gratuidad diferenciada por considerarla injusta deberían tener en cuenta que su argumentación trae otras implicancias e interpretaciones. Primero, en la lógica que las universidades están en una competencia por captar estudiantes, se estaría protegiendo a un grupo de universidades privadas de la amenaza de quedar en desventaja ante sus rivales. Segundo, al descalificar la propuesta del Ministerio, basada en el requisito de pertenencia al Consejo, se otorgarían incondicional y desaprensivamente iguales derechos a otras universidades, para hoy y mañana. Tercero, al golpear así de fuerte la mesa, se desautorizaría cualquier pretensión futura del Ministerio de Educación en el sentido de financiar la reconstrucción del sistema público de universidades y terminar con esta triste paternidad irresponsable del Estado.

La consecuencia, buscada o no, sería preservar un sistema que les niega a sus jóvenes el acceso a universidades auténticamente públicas. Preocupados de evitar una supuesta injusticia para algunas universidades privadas, estaríamos perpetuando con tranquila amaurosis un sistema universitario que ningún país querría.

Podríamos entonces, quizás sin proponérnoslo, estar frente a una nueva operación para salvar el sistema impuesto en Chile en 1981. Constatemos de paso que esta continua necesidad de auxilio a ciertas universidades privadas se explica por el hecho de que aquí, a diferencia del resto del mundo, un proyecto educacional privado, para ser una alternativa atractiva, no tiene que validarse demostrando elementos diferenciadores respecto de un sistema educacional público. La realidad chilena se parece a la imagen de las dictaduras estatistas: al no tener alternativa que los desafíe, los privados no tienen incentivos para ofrecer proyectos mejores. Al prohibirse el financiamiento estatal para la educación pública y restringirse el crecimiento de la matrícula de este, pueden dormir relajadamente sobre sus laureles.

Esperemos que esta vez las discusiones sobre educación respondan a un debate de ideas, y no de intereses. Sin duda, los parlamentarios estarán sometidos a grupos de presión de la más diversa índole, ya sean económicos, ideológicos o religiosos. También se podrán calcular los votantes vinculados a uno u otro tipo de estudiantes, donde actualmente los de universidades públicas son muy minoritarios. Más aún, en esta balanza es probable que no se perciba un posicionamiento claro del movimiento estudiantil frente a estas materias específicas. En lo factual, sería deseable tener presente encuestas como las del PNUD, que ante la pregunta de si es el Estado el que debe hacerse cargo de la educación, encuentra una abismante diferencia entre la elite (26%) y la ciudadanía (74%), respectivamente. También la encuesta Mori, que revela una abrumadora preferencia de los jóvenes por el sistema estatal de educación superior.

Pero, por sobre todo, insisto en que esperemos que estemos comenzando un debate basado en ideas, y no en intereses.