Por Ángela Molina

En reciente asamblea, la Asociación de Funcionarios de la Umag (AFUM), anunció plegarse al calendario de movilizaciones que acordó la Mesa del Sector Público de Magallanes, en el contexto de la negociación que llevan adelante con el Gobierno por mejoras salariales para los funcionarios públicos de la región.

La medida, obedece al retraso en la respuesta de las autoridades nacionales a la propuesta técnica que entregaron los dirigentes gremiales a principios de julio, cuando emanaron el informe final de un arduo trabajo que se extendió por varios meses. Mónica Álvarez, presidenta de la AFUM, dijo,  preocupada, que este compromiso se vio a aplazado hasta fines de agosto por decisión del nivel central que manifestó la necesidad de hacer ajustes para dar una solución satisfactoria a la demanda del sector público.

“Como Mesa del Sector Público, hicimos un trabajo bien a conciencia, con cifras en la mano, con las planillas de sueldo en  detalle y llegamos a un punto medio, a una cifra que hoy no estamos dispuestos a transar o bajar porque el Gobierno nos diga ahora que no tiene plata, cuando hace un par de semanas sí la tenía para subsidiar al Transantiago”, sentenció la dirigente, haciendo hincapié en que “no vamos a bajar nuestra demanda. Podemos hablar de la gradualidad, para alivianar la carga fiscal de lo que implica al Estado esta carga económica, pero lo que es justo, es justo”.

De esta forma, y junto a los otros diez gremios que conforman la instancia, los socios de la AFUM se movilizarán durante todo agosto. Realizarán marchas los días miércoles y otras intervenciones sociales y culturales que acordaron programar. La consigna de estas manifestaciones será “Zona aislada para el Gobierno, no es nada. Magallanes en alerta”. Informaron además, que no descartan un paro indefinido si la respuesta de las autoridades no llega el 30 de agosto.

La proposición de los funcionarios públicos consiste en establecer, mediante un proyecto de ley, el derecho a gozar de cinco días adicionales de vacaciones sin la obligación de justificar haberse trasladado de la región o haber salido hacia el extranjero y un incremento en las remuneraciones consistente en el pago de una asignación o bonificación “austral” a partir de enero de 2016 a todos los funcionarios públicos y trabajadores del Estado. “Todo eso es parte de la negociación, por eso necesitamos que el Gobierno nos entregue una cifra en la mesa”, concluyó Alvarez.