Paula Fernández Aros.

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La Junta Nacional de Apoyo Escolar y Becas (JUNAEB) está avanzando en la actualización de las Normas de Control de Patologías de Otorrinolaringología, un componente esencial de su Programa de Salud del Estudiante, vigente desde 2017. Esta política pública beneficia a niños y jóvenes desde los 4 años de edad, que presentan afecciones auditivas, con el fin de garantizar diagnósticos precisos y tratamientos oportunos.

Como parte de este proceso, el organismo convocó a una mesa técnica que reunió a especialistas de disciplinas tales como medicina, otorrinolaringología, fonoaudiología y educación diferencial, para reflexionar sobre la normativa vigente y proponer mejoras que respondan a las necesidades actuales de los estudiantes. Desde la región, la académica de la Universidad de Magallanes (UMAG) y experta en audiología infantil, Paula Fernández Aros, aportó su experiencia de más de 20 años en diagnóstico y rehabilitación auditiva.

La académica explicó que fue invitada por la coordinación de JUNAEB, en alianza con la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Chile. “Creo que esta invitación se debe a mi trayectoria en el diagnóstico, rehabilitación y acompañamiento de niños y niñas con hipoacusia y sus familias, además del trabajo que he realizado promoviendo la audiología en la educación a nivel nacional”, destacó.

Durante el proceso, la profesional participó en tres reuniones virtuales y una presencial, donde se abordaron temas clave como la detección temprana, el diagnóstico y la educación. Según relató, “fuí asignada a la mesa de educación del estudiante usuario de audífonos. La discusión se centró en ideas para mejorar el programa, las que serán evaluadas por JUNAEB para incluirlas en la nueva normativa”.

La académica destacó que la dificultad auditiva impacta no sólo en el lenguaje y la cognición, sino también en la salud mental y social de los estudiantes. “Se ha demostrado que la hipoacusia puede generar ansiedad, menos interacciones sociales y fracaso escolar. Por eso, este tipo de programas son fundamentales para garantizar que estos niños y niñas accedan plenamente al currículo escolar y ejerzan su derecho a la educación”.

Para la docente, esta colaboración representa una oportunidad significativa para la Universidad de Magallanes, no sólo como reconocimiento sino también para socializar los aprendizajes adquiridos con los docentes y estudiantes, y fortalecer las redes profesionales de trabajo colaborativo.

El lanzamiento de la nueva normativa se espera para las próximas semanas.