En el marco de su visita a Magallanes, el defensor nacional de la Niñez, Anuar Quesille, se reunió con el equipo directivo de la UMAG, liderado por el rector José Maripani Maripani. El objetivo del encuentro fue abordar diversos temas que afectan a las y los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la zona, como es la explotación sexual donde la región, lamentablemente, presenta la mayor tasa de incidencia con 294,4 NNA víctimas de este delito por cada 100 mil habitantes, donde Punta Arenas cuenta con 116 casos, la cifra más alta a nivel nacional.

La Oficina Internacional del Trabajo de Naciones Unidas (OIT) considera la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) como una forma de explotación económica análoga a la esclavitud y al trabajo forzoso, que constituye además un delito. Es importante señalar que la ESNNA presenta diversas modalidades como: comercio sexual, explotación y utilización de niños, niñas y adolescente en material de abuso, ESNNA en contexto de viajes y turismo, trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual digital o en línea.

Al término de la cita, Quesille comentó que, en esta ronda de reuniones previas a la instalación de la oficina de la Defensoría de la Niñez en Magallanes, habían podido abordar aquellos desafíos que enfrenta la región en materia de reconocimiento y protección de las y los niños, niñas y adolescentes. “Hay muchos temas que, por las particularidades de esta región, son importantes abordar con sentido de pertinencia en materia de violencia, explotación, en materias vinculadas al sistema de justicia, salud y educación”, comentó.

En específico, con la casa de estudios superiores, manifestó que “tenemos un acuerdo en cuánto a cuáles son las cosas que hay que priorizar y además también cómo formamos mecanismos articulados de trabajo porque, para la Defensoría de la Niñez, la vinculación con el mundo académico es muy importante y trascendental para generar y gestionar el conocimiento que de lugar a la educación y  formación de nuevos y nuevas profesionales que estén conscientes de la importancia del resguardo de los derechos de las y los niños, niñas y adolescentes”, apuntó.

Estos acercamientos y alianzas, para el defensor, “sin lugar a duda va a facilitar estos procesos de vinculación permanente y periódica donde el trabajo colaborativo con la universidad va a ser sin duda un gran aliciente para cumplir el mandato que nos entrega la ley como organismo autónomo de Derechos Humanos”. En ese sentido, agregó que “estamos precisamente afinando todos los detalles logísticos de nuestra instalación buscando el inmueble, generando la contratación de la dotación mediante un proceso de selección que está próximo a comenzar, pero estimamos que antes de fin de año ya debiéramos tener la sede funcionando para trabajar ya de lleno en la región”, precisó.

Quesille, señaló, por último, que esperan poder generar un convenio de colaboración con la UMAG “que tenga hitos en temas académicos o de investigación y, eventualmente, también participar de cualquier iniciativa que tanto la Defensoría de la Niñez organice como aquellos que sean realizados desde la propia Universidad”, cerró.

Las cifras

La Nota Técnica Nº5 publicada por la Defensoría denominada “Explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA): factores y caracterización en los últimos años”, presentada en mayo recién pasado, en la que se da cuenta que entre los años 2022 y 2023, un total de 2.184 niños, niñas y adolescentes fueron identificados como víctimas del delito de explotación sexual infantil en el país por el Ministerio Público. Esto significa que, por cada 100.000 personas de 0 a 17 años, 49 sufrieron este grave tipo de violencia. Entre los dos años la tasa aumentó un 29%.

Las regiones con tasas más altas que el resultado nacional son las regiones de Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. De particular gravedad es la situación de la región de Magallanes la cual registra un total de 294 víctimas por cada 100.000 personas. Un 86% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres y el 64% tiene entre 14 a 17 años.

En total, entre 2022 y 2023, un total de 1.024 niñas, niños y adolescentes fueron identificadas como víctimas de explotación sexual por obtención de servicios sexuales o por promoción o facilitación de esta. Esto significa que, por cada 100.000 personas de 0 a 17 años, 23 sufrieron este grave tipo de violencia.  Las regiones con tasas más altas del país, por cada 100.000 personas entre 0 a 17 años, son Magallanes con 242 casos por cada 100.000 personas, seguido de Arica y Parinacota con 54,2, Los Ríos con 47,4, Los Lagos con 46,9 y Valparaíso con 46,5. Un 90% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres y el 81% tiene entre 14 a 17 años.