Abogadas Verónica Garrido, Ivonne Araya y Pamela Mercado.

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La Universidad de Magallanes sigue adelante con el desafío planteado por los movimientos estudiantiles feministas, de contar con una orgánica que reciba denuncias disciplinarias, y cumpla con los criterios de profesionalismo y responsabilidad necesarios para sustanciar los consecuentes procedimientos. Tres abogadas están abocadas a esta tarea, y difundiendo su trabajo para que la comunidad universitaria aumente su confianza en la Fiscalía, y ajuste sus expectativas.

Por Paula Viano Santana | Fotografías Mónica Araus Sieber

La Fiscalía Universitaria, dependiente de la Secretaría General y oficializada por resolución en agosto de 2022, está en plan de difusión. Sus tres abogadas esperan que cada integrante de la comunidad educativa sepa de su existencia, funciones y mecanismos de operación, como unidad responsable de sustanciar y supervisar los diversos sumarios, investigaciones sumarias y procedimientos administrativos de la Universidad de Magallanes (UMAG).

La Fiscal Universitaria Ivonne Araya Leal.

La directora a cargo de la unidad es la fiscal universitaria Ivonne Araya Leal, de la cual dependen la Fiscal de Género y Diversidad Verónica Garrido Ortega, y una profesional de apoyo. Ellas están llevando adelante una labor titánica, pues no sólo les toca abordar las denuncias presentadas en los últimos meses, sino también todas las investigaciones inconclusas de la última década. “Nuestro primer objetivo es ejercer con autonomía la investigación y resolución de todos los procedimientos disciplinarios de la institución. El segundo es acortar los plazos en su tramitación, y el tercero es cerrar todos los procesos disciplinarios antiguos en curso. En suma, queremos demostrar que la institucionalidad funciona”, informó Ivonne.

El tercer objetivo surgió a propósito de una constatación. “Son 65 procedimientos llevados por distintos académicos, que estaban abiertos y dispersos en diferentes departamentos, con una demora de más de dos años; incluso, algunos desde 2012”, comentó la fiscal. La cifra equivale al 60% de los casos actualmente en curso, lo que no sólo crea inseguridad jurídica para todos los intervinientes, dice, sino que también obliga a buscar apoyo para finalizarlos. “No dábamos abasto con Verónica, pero nuestra petición tuvo acogida en nuestro rector y las autoridades superiores y, a contar del 1 de agosto, ingresó a contrata la abogada Pamela Mercado Díaz”, valoró.

¿Cómo se llegó a tal acumulación de casos? Según explica la fiscal, “el informe llegaba al rector, pero no se dictaba la resolución de término; o nunca se notificaba a las personas intervinientes, ni se conocían los pasos posteriores a la presentación de un recurso”. Por eso, una de las tareas es lograr que la comunidad universitaria maneje más información.

Procedimiento sumarial

Fiscal de Género Verónica Garrido Ortega.

Las denuncias en la UMAG se dividen en dos grandes grupos. La Fiscalía Universitaria recibe todo lo referente al protocolo laboral y al derecho administrativo en general, “desde el no pago oportuno de una factura, hasta una falta grave a la probidad o vulneración de derechos laborales”, ejemplificó Ivonne. La Fiscalía de Género y Diversidad, en tanto, es responsable de sustanciar y supervisar procedimientos destinados a determinar la responsabilidad administrativa o estudiantil, frente a actos que atentan contra la dignidad humana, en especial, aquellos hechos constitutivos de acoso sexual, violencia y discriminación de género.

Las del primer grupo, son presentadas vía web o, directamente, en las oficinas de la Dirección de Género. En ambos casos -ya sea por formulario electrónico o por oficio- su admisibilidad es evaluada por un Comité de Protocolo Laboral que, en caso de acogerla, dicta una recomendación al rector, quien tiene la misión de enviar su visto bueno a la Secretaría General, desde donde sale una resolución que encarga a la Fiscalía abrir un proceso disciplinario. En los casos relativos a género o diversidad, las denuncias se ingresan por las mismas vías, tras lo cual la Dirección de Género las envía a Vicerrectoría Académica, unidad que activa el proceso enviando un visto bueno a la Secretaría General, para que dicte resolución de inicio de procedimiento y encargue a la Fiscalía su ejecución.

En cuanto a la etapa indagatoria, las abogadas explican que las investigaciones sumarias toman aproximadamente 90 días hábiles, pero si el caso se eleva a sumario, unos 5 a 6 meses. En dichos lapsos, evalúan las pruebas presentadas y los antecedentes de la persona acusada en forma exhaustiva, porque necesitan arribar a una plena convicción. Al cabo de esta etapa, las alternativas son la absolución (inocencia), el sobreseimiento (la prueba no es contundente) y las sanciones (la denuncia está comprobada). En este último caso, las sanciones pueden ser: (1) censura en la hoja de vida, (2) multa, (3) separación temporal de funciones con goce parcial de remuneraciones y (4) destitución.

“Nuestra función es investigar y proponer a las autoridades una solución, porque la ley entrega la facultad de la sanción a la máxima autoridad”, agrega Ivonne Araya. Igualmente, quedan pasos pendientes, pues una vez recibida la vista o informe de la fiscal, “el rector debe pedir a la Dirección Jurídica que emita un informe, donde diga que el procedimiento disciplinario está bien tramitado, o también puede re abrirlo si cree que hicimos mal nuestro trabajo, o que nos faltó investigar algo”, detalló. Igualmente, el rector puede rebajar la sanción.

Por último, esta resolución que aprueba la vista fiscal, aplica sanciones o sobresee, se hace llegar a las partes intervinientes a modo de notificación, para que puedan evaluar posteriores acciones, como presentar un recurso de reposición. En caso de que ofrezcan nuevos antecedentes, la máxima autoridad tendrá que evaluar personalmente si acoge o rechaza el recurso, en función del mérito de los antecedentes.

Un trabajo que depende de todos

La abogada Pamela Mercado está ayudando a cerrar causas antiguas, entre otras funciones.

“Ya tenemos procedimientos terminados”, sentencia Ivonne con satisfacción. “Un sumario grande, con el que nos demoramos 5 meses y está en toma de razón en Contraloría, y ocho investigaciones sumarias de la Fiscalía de Género con vistas entregadas a Rectoría, todas con sobreseimiento”, expresó.

La abogada Verónica Garrido aclara: “sobreseimiento no significa inocencia, sino más bien falta de pruebas y antecedentes. En el caso de la Fiscalía de Género, por ejemplo, puede ser una persona que en la comunidad universitaria a voces se diga “ah, esta persona siempre acosa a las mujeres”, por ejemplo, pero si nunca nadie lo denunció, la irreprochable conducta anterior lo beneficia”, explicó.

Por eso, las profesionales invitan a la comunidad universitaria a creer en esta nueva institucionalidad, “porque somos un equipo nuevo, especializado y transparente, cuyo único objetivo es investigar. Pero también hacemos un llamado a bajar las expectativas, porque el rigor del sistema es progresivo, y depende en gran medida de la capacidad que tengamos para denunciar, y así sumar antecedentes en caso de reincidencia. “Queremos que la hoja de vida diga la realidad”, concluyeron.