Funcionarios de la Universidad de Magallanes, participaron de una jornada de capacitación en torno a la Ley 20.870 de incentivo al retiro para los funcionarios de las universidades del Estado, que establece una bonificación adicional por retiro al personal no académico de universidades estatales, y faculta a estas instituciones para conceder otros beneficios transitorios.

La organización de esta instancia, que se inauguró vía videoconferencia a las casas de estudios asociadas, tuvo como finalidad informar acerca de los detalles de cada uno de los procedimientos para la tramitación de este beneficio a los funcionarios, que, en la Umag, recibirían alrededor de 20 personas.

Mónica Álvarez, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes (AFUM) y también de la Agrupación Nacional de Federaciones de Funcionarios de Universidades Estatales (ANTUE), explicó que la idea fue orientar desde, la renuncia del funcionario en la institución respectiva y la centralización del procedimiento en el Cuech, -quienes serán la instancia coordinadora entre las partes-, hasta su etapa final en la División de Educación Superior del Mineduc.

“Hay un flujograma que acompaña esta carpeta de documentos, donde se va haciendo el seguimiento, cuáles son los plazos que tiene una persona cuando postula al beneficio en la dirección de recursos, cuando se va al Cuech, etc. Está todo contemplado con plazos, así que hay un proceso más transparente y más claro”, enfatizó la dirigenta.

Además, destacó algunas figuras que se crearán con la promulgación del texto legal que son de vital ayuda para los funcionarios, “porque no los deja solos en el proceso”, dijo. Así, destacó las nuevas oficinas de atenciones, vinculación y acompañamiento, que de acuerdo a Álvarez, se tienen que implementar “no para llenar papeles, sino para brindar un acompañamiento en lo que tiene que ver el aspecto psicológico y económico del paso a la vida pasiva de nuestros compañeros de trabajo”.

Para colaborar con este proceso, la Umag, por su parte, contrató a un asesor previsional que trabajará en la Unidad de Recursos Humanos para brindar una atención personalizada a los funcionarios, la que se amplía además a quienes son académicos. “Cada funcionario tiene una situación distinta, hay jubilación por invalidez que a gente que tiene imposibilidad de seguir trabajando, le permite poder acogerse a los beneficios de esta ley”, aseguró.

Este incentivo al retiro se reactivó como una demanda de la mesa del sector público el año 2014, momento en que se aceleró su tramitación. El beneficio contempla una bonificación de hasta 395 UF por retiro voluntario y se concede junto con la bonificación al retiro que otorga cada universidad estatal.