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La tarea fue encargada por la Oficina para América Latina del Instituto Internacional de Planeamiento de Educación de la UNESCO, al Centro de Estudios en Educación de la Pontificia Universidad Católica, para evaluar las estrategias de formación remota aplicadas en el sistema chileno entre 2020 y 2021.

Como parte de su proceso de formación doctoral, el académico del Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad de Magallanes (UMAG), Leonardo Velásquez Castro, trabajó recientemente formando parte de un equipo de investigación del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE), perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Académico Leonardo Velásquez

Velásquez, junto a la investigadora y directora del CEPPE, Magdalena Claro Tagle, y los docentes Catalina Figueroa y Sebastián Pereira, lideraron un estudio regional comparativo titulado “Políticas Digitales en Educación en Chile, tendencias emergentes y perspectivas de futuro”. Dicho trabajo, encargado por la Oficina para América Latina de Instituto Internacional de Planeamiento de Educación (IIPE) de la UNESCO, tuvo como propósito analizar las respuestas diseñadas e implementadas en materia de políticas digitales por parte de los gobiernos nacionales, durante el período de aislamiento preventivo impuesto a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Específicamente, el estudio pone el foco en aquellas estrategias e iniciativas que perseguían la inclusión educativa de grupos con condiciones socioeconómicas adversas, históricamente excluidos o vulnerados en sus derechos. En datos del Mineduc, ese 13% del estudiantado que no tenía infraestructura, conectividad y/o dispositivos para enfrentar una formación remota, confirmando una importante brecha entre el quintil más bajo y el más alto de ingresos.

El trabajo se organizó en cuatro secciones, donde se describen las principales características del sistema educativo chileno y su política de tecnologías; se da cuenta de las respuestas digitales implementadas durante la pandemia; se analizan esas respuestas a fin de identificar aquéllas que representan continuidad o innovación respecto de la política, y se presentan conclusiones y recomendaciones. Además, se incluye un anexo con más detalles de las diferentes iniciativas.

Velásquez cuenta que “ésta ha sido una experiencia enriquecedora para mi formación, y un privilegio el hecho de haber compartido con una de las investigadoras más destacadas y con experiencia en el estudio de políticas digitales en Chile, como es Magdalena Claro, junto al resto de los académicos que participaron del estudio”, afirmó.

Tres momentos de una misma pandemia

El artículo afirma que las líneas de acción educativa priorizadas entre 2020 y 2021, se pueden organizar en tres grandes momentos, según las decisiones de interrupción y apertura de clases presenciales que tomaba el Ministerio de Educación. En la primera etapa de suspensión temporal (15 de marzo al 23 de abril 2020), las principales medidas fueron el envío de guías de trabajo físicas y/o digitales a los y las estudiantes.

En la segunda (abril a diciembre de 2020), se concentraron las estrategias, pues el Gobierno ya había entendido de que las condiciones sanitarias no permitirían volver masivamente a la presencialidad durante 2020. Los esfuerzos de innovación pedagógica para promover el uso de tecnologías digitales, se reorientaron hacia el apoyo a la continuidad del aprendizaje virtual. Se actualizó la priorización de los principios básicos del diseño curricular, definiendo como ejes la seguridad, la flexibilidad y la equidad. Además, Aprendo en Línea pasó a ser la principal plataforma para ofrecer recursos educativos, y los servicios de Google Suite y Microsoft Teams fueron incorporados para la gestión del aprendizaje. También se aplicaron estrategias virtuales para desarrollar las capacidades docentes y directivas, y para monitorear los aprendizajes se reemplazó temporalmente el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje (SIMCE) por el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA).

Durante la tercera etapa, destacan medidas como la entrega de un seguro escolar COVID-19 gratuito y total para la educación parvularia y escolar, y de un Kit con elementos para el cuidado sanitario; la flexibilización del uso de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), y las mejoras de infraestructura gracias a U$D 16.000 millones otorgados por el Mineduc.

Evaluación de las acciones desarrolladas

Las y los docentes a cargo del estudio afirman que es demasiado pronto para evaluar el impacto de las políticas. Sin embargo, diversas organizaciones del mundo educativo realizaron sondeos entre docentes y apoderados, los cuales coincidieron en algunas percepciones, como las brechas de acceso a clases en línea que hubo entre estudiantes de bajos y de altos ingresos; el escaso desarrollo de competencias docentes para utilizar recursos digitales e implementar clases remotas; la falta de capacidades del estudiantado para desenvolverse en entornos virtuales, y su poca autonomía para el trabajo escolar.

En términos de aprendizaje, el artículo cita una estimación elaborada por el MINEDUC con asesoría del Banco Mundial, según la cual el estudiantado de Chile podría perder, en promedio, un 88% de los aprendizajes de un año, en diez meses de educación remota. En este sentido, el estudio plantea que la escolaridad podría haber retrocedido 1,3 años, y que la educación a distancia sólo podría mitigar un 12% del efecto negativo que tuvo la pandemia por COVID-19 en el estudiantado chileno, cifra que baja a un 6% en el caso de los establecimientos públicos.