El equipo de académicos propuso dotar a estas leyes de un carácter más social e igualitario, que permita beneficiar tanto a trabajadores como empresarios.

Uno de los objetivos que persigue el Gobierno Regional en el contexto del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas y como resultado de los diálogos con la ciudadanía, es revisar el conjunto de incentivos al desarrollo económico de Magallanes, con el objetivo de determinar el verdadero beneficio que han generado en estos últimos 40 años y, a partir ello, mejorar la normativa vigente.

En esa importante tarea, fue convocada, el año pasado, la Universidad de Magallanes, la que a través del Centro de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, culminó, recientemente, este trabajo, entregando a las autoridades un conjunto de propuestas que se analizaron este jueves en una reunión a la que asistieron el seremi de Hacienda, Cristian García, el seremi del Trabajo, Carlos Abarzúa, el coordinador del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, Ernesto Sepúlveda y la jefa de la Unidad Regional de la SUBDERE, Claudia Ruiz.

Según explicó el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la casa de estudios regional, Luis Poblete, una de las ideas principales planteadas en este documento, tiene que ver con el salario mínimo y la aplicación de la Bonificación a la Contratación de Mano de Obra (ex DL 889), donde se considera necesario establecer un piso superior a un 20% de ese sueldo para impetrar el beneficio.

No obstante, el directivo aclaró que “es algo que deberíamos fundamentar sobre la base de antecedentes más fidedignos, y por eso se vuelve importante contar con un estudio que pueda determinar una canasta de consumo de tipo regional, y que, hasta la fecha, no se ha hecho”. Por esta razón, insistió que el informe presentado entrega una visión preliminar debido a la falta de datos duros sobre el tema.

El seremi de Hacienda, Cristian García, en tanto, hizo hincapié en la importancia de contar con estas opiniones ante un diagnóstico que no es favorable. “Todos los sectores coinciden que no ha habido un seguimiento de esta política pública que es tan importante y que ha brindado 40 años de bonificación y exenciones tributarias para la región, pero que no tenemos certeza cuál ha sido su impacto real”, puntualizó.

Una economía más solidaria

Poblete enfatizó que la Universidad de Magallanes, en su afán de optar por una política  más solidaria, busca apoyar tanto al sector de los trabajadores como al de los empresarios, priorizando tres medidas: que el IVA (IVA DÉBITO menos IVA CRÉDITO) se reinvierta en la región en un cien por ciento, de modo tal que éste sirva exclusivamente para financiar la ejecución de inversiones en todos los sectores económicos de la región; que se genere un aporte directo mensual a los trabajadores  de pequeñas y medianas empresas y otro aporte indirecto canalizado al fondo de pensiones; y, por último, otorgar un beneficio tributario temporal (exención del impuesto a las utilidades, por ejemplo) en los primeros años de funcionamiento a las empresas de menor tamaño de reciente creación o instalación en el mercado regional, para alentar y facilitar el emprendimiento.

El seremi valoró el aporte de la  Umag y dijo que aún faltan etapas del proceso para reformular y crear finalmente un estatuto respecto a las leyes de excepción, que va a ser único para Magallanes. “La idea de este estatuto es tener un cuerpo normativo armónico y que permita mejores remuneraciones, mayor empleo, mayor inversión y un mejor estándar de vida para los magallánicos”, resaltó.