- La aseveración fue vertida por Cristian Figueroa en el conversatorio “A tres años de la crisis social en Magallanes”, organizado por la carrera de Derecho de la UMAG y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Cristian Figueroa abrió el conversatorio en el auditorio Ernesto Livacic.

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A nivel nacional, el estallido y revuelta social de 2019 motivó la presentación de un total de 3.146 querellas contra agentes del Estado, por diversos tratos injustos y vejatorios. Apenas un 9,5% de ellas se convirtieron en causas formalizadas, y a un 38% de las víctimas aún no se le ha tomado declaración. Las cifras fueron dadas a conocer por el jefe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sede Magallanes, Cristian Figueroa, en el conversatorio “A tres años de la crisis social en Magallanes”, organizado por esta entidad junto al Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes (UMAG).

Además de estos datos nacionales, Figueroa contextualizó lo sucedido a nivel regional en el mismo período. Con sólo 5 funcionarios y funcionarias, durante más de un mes y medio peregrinaron, diariamente, por el Hospital Clínico, la Primera Comisaría de Punta Arenas y las dependencias del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, al cabo de cada una de las 27 manifestaciones públicas que se registraron en la capital regional, a fin de evaluar el estado de las personas detenidas.

A modo de síntesis, comentó que tomaron testimonios de 34 víctimas, y se presentaron 28 denuncias de apremio físico y psicológico, 5 de las cuales corresponden a atentados sexuales consistentes en tocaciones y desnudamientos. Todas iban contra funcionarios y funcionarias de Carabineros, salvo una contra un funcionario de la Armada y otra contra un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

Para Figueroa, estas cifras son desalentadoras. De las 28 causas, 9 están en investigación, 14 se cerraron con órdenes de no perseverar, 4 fueron formalizadas y sólo una logró sentencia condenatoria por vejaciones injusta contra funcionario del GOPE. Sin embargo, fue anulada por la Corte de Apelaciones. Julio Contreras, egresado de Derecho de la UMAG, es el querellante, y también estuvo presente en el conversatorio contando su experiencia. Como conclusión, para él lo más grave, considerando el enfoque de su profesión, son las faltas de proporcionalidad en el actuar policial y, sobre todo, “la falta de confianza en las instituciones”.

“Estas cifras abren interrogantes trascendentales que cuestionan la capacidad del Estado para la búsqueda de verdad, justicia y reparación”, afirmó Figueroa, “lo que obliga institucionalmente a evaluar las capacidades de enfrentar la ineludible necesidad de  determinar responsabilidades penales y reparar”. Si a eso se suma la lentitud en los plazos de investigación, asegura que “el Estado chileno está más cerca de la impunidad que de la verdad”.

Deuda en formación de Derechos Humanos

El INDH y la carrera de Derecho de la UMAG han organizado una serie de actividades en conjunto, tendientes a relevar los Derechos Humanos en la formación de las y los estudiantes.

Ramón Mayorga, académico del Departamento, también participó del evento, con una intervención en donde invitó a realizar un ejercicio de memoria a la ciudadanía, principalmente, porque parece haber olvidado la gravedad de lo sucedido. Al respecto, citó los resultados de la encuesta CADEM, según la cual en 2019, un 27% de la ciudadanía creía que la fuerza policial hizo uso proporcional de la fuerza contra las manifestaciones, cifra que subió a 58% en 2022.

Por todo lo anterior, afirmó que lo más importante es contar con garantías de no repetición, y ejecutar medidas tendientes a prevenir que estos hechos se repitan. En el caso de la formación profesional en la UMAG, explicó que se da un fuerte énfasis en el Derecho Internacional y en las reformas curriculares, pues es vital el papel que jugarán los futuros abogados y abogadas en todo lo relativo a DDHH. “Dentro de las múltiples lecciones que nos dio esta etapa de la historia de Chile, destaca la enorme deuda educacional en materia de Derechos Humanos, debido a la resistencia que presentan ciertos sectores al respecto, con consecuencias que quedan en evidencia”, concluyó.