- En la segunda sesión en que la Comisión de Educación y Cultura del Senado analizó la situación de las Universidades en el contexto de la pandemia, el Subsecretario de Educación Superior del Mineduc desestimó las propuestas presentadas por el CRUCH en la Sesión previa del 25 de mayo.

-El Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores y Rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, enfatizó que “hay una complejidad mayor por entender, y si bien es cierto probablemente el ministerio hace el mayor de los esfuerzos, creo que no hay una comprensión de fondo del problema, que va a ser peor en pocos meses más”.

Este lunes 1 de junio, la Comisión de Educación y Cultura del Senado continuó el análisis de de la situación que afecta a las instituciones de educación superior, con ocasión del Covid-19, iniciado en la sesión del lunes 25 de mayo. En la primera sesión el Vicepresidente Ejecutivo del CRUCH, Rector Juan Manuel Zolezzi, expuso acerca de los impactos académicos y financieros para las Universidades del CRUCH  y propuso seis medidas para enfrentar esta compleja crisis.

Cabe recordar que el CRUCH propuso las siguientes medidas: hacer uso efectivo de los recursos excedentes del Fondo Solidario del Crédito Universitario; crear un fondo de emergencia para las instituciones de educación superior, a través de una línea de crédito de bajo costo o con garantía estatal o un fondo especial de apoyo a las universidades del CRUCH; efectuar un nuevo proceso de postulación a ayudas estudiantiles; derogar el artículo 108 de la Ley 21.091 sobre pérdida de la gratuidad; condonar el reintegro de recursos de becas; y, por último,  flexibilizar el uso de los recursos asociados a proyectos ya aprobados por el Mineduc para adaptarse a los requerimientos actuales.

En esta jornada, el Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, expuso la postura del Mineduc y rechazó las propuestas del Consejo de Rectores, señalando, respecto a la flexibilización de fondos que ello “implicaría cambiar los convenios ya suscritos, que fueron los que posibilitaron la adjudicación de ciertos concursos”; con relación a los beneficios estudiantiles, indicó que “no considerar el año 2020 en la duración nominal de la carrera que cursan los estudiantes beneficiarios de gratuidad tendría un costo aproximado de US$1.400 millones” y que “un nuevo proceso FUAS tiene un costo proyectado de US$ 132 millones”; acerca del endeudamiento institucional dijo que “ya está en curso la posibilidad para instituciones de educación superior medianas y pequeñas de acceder a los fondos “FOGAPE” (Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios) y adicionalmente que “se espera que aquellas que se anuncien para entidades de mayor tamaño puedan ser utilizadas también por aquellas Instituciones de Educación Superior más grandes que no alcanzan a ser beneficiarias del FOGAPE”; finalmente se refirió al uso de excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario y expresó que “el análisis jurídico del Mineduc a este respecto es claro: la utilización de excedentes sólo puede hacerse respecto de aquellos generados el año 2019, y de eso da cuenta el reglamento, que se encuentra para su toma de razón en la Contraloría General de la República”.

Además, señaló que las universidades del CRUCH podrían tener acceso a los excedentes del año 2019 “pero en la medida que también puedan entregar la parte remanente de esos excedentes a un fondo solidario común, y que ese fondo esté disponible para todas las instituciones de educación superior que lo requieran, a través de créditos blandos otorgados en condiciones favorables”. Argumentó lo anterior, afirmando que “los fondos solidarios se han construido sobre la base de los aportes que ha hecho fundamentalmente, únicamente el Estado, el Mineduc. Las universidades han manejado fondos pero que han sido complementados año a año por el Ministerio de Educación. Las instituciones de educación superior han hecho un aporte porque han administrado estos fondos, pero en definitiva hay un origen en esos fondos que son del Estado”.

Reacciones de los rectores

El Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores y Rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, enfatizó que “hay una complejidad mayor por entender, y si bien es cierto probablemente el ministerio hace el mayor de los esfuerzos, creo que no hay una comprensión de fondo del problema, que va a ser peor en pocos meses más; ¿cómo establecemos algo que ayude en conjunto?, me preocupa fuertemente el principio que está detrás de esto”.

Por su parte, el Presidente del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) y Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, señaló que “no ha habido aquí una argumentación. Sencillamente lo que se ha dicho son cifras discutibles, pero yo quería tratar el tema desde un punto de vista más conceptual. En el momento que atravesamos, las universidades hemos dado un ejemplo de que el país tiene que unirse ante esta tremenda amenaza”. Vivaldi fue enérgico en señalar que “no se observa un reconocimiento al trabajo de las universidades tradicionales y afirmó que se use este contexto para entregar fondos que son de propiedad de estas universidades para financiar al resto de las instituciones del sistema, me parece realmente insólito”.

En tanto, el Presidente de la Red G-9 y Rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, indicó que “es extraño que hoy sí exista la posibilidad de flexibilizar ese 30% y que no sea para la situación que fue discutida. Es muy complejo decir que esos escuálidos recursos hoy tengan que ser utilizados para otras instituciones, el déficit es enorme”.

A su vez, el Presidente de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR) y Rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, sostuvo que el planteamiento del Mineduc “me decepciona mucho. La sesión pasada como AUR entregamos los aportes que han hecho las universidades regionales frente al Covid-19, sin pedirle recursos al Estado, con toda la solidaridad que tenemos con nuestros territorios y nuestros habitantes, muchos de ellos con una tremenda vulnerabilidad. La presión social interna es muy grande, hay alumnos que se han retirado porque sus padres quedaron en la cesantía. Tenemos que asumir esa realidad que afecta a Chile. Creo que va a contar con una tremenda oposición de las comunidades universitarias. Hay que plantearse temas más globales, como el modelo de financiamiento de la educación superior. El rol del Estado es apoyar la educación pública; el concepto de lo público a veces se extiende demasiado, pero hay que caracterizarlo adecuadamente”.