-Luego de que casi 200 personas han sufrido pérdida ocular, el CRUCH -a través de una declaración pública-, sostuvo que el “orden público no es un sistema de coacción física de hecho sobre la población ni puede garantizarse mediante la lesión física masiva, porque ello representa el orden del miedo y una violación sistemática a los derechos humanos”.

-Los rectores emplazaron a la autoridad política a prohibir absolutamente el uso de estos elementos y presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para que la policía uniformada se abstenga por completo de utilizar escopetas antidisturbios y sus municiones durante movilizaciones pacíficas.

“Es inaceptable que se esgrima como argumento la existencia de un protocolo policial que autoriza dicho uso”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), Aldo Valle, al dar a conocer una declaración pública de esta institución, demandando el “término inmediato del uso de balines y perdigones por parte de Carabineros” en manifestaciones públicas.

Este planteamiento surge a raíz del grave daño físico que han 197 personas –según el reporte del domingo 10 de noviembre del instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)-, que sufrieron pérdida ocular como consecuencia de la utilización de estos elementos, en el marco de las movilizaciones ciudadanas que se desarrollan en todo Chile desde el 18 de octubre.

“Este hecho es un grave atropello a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que resulta intolerable en un Estado de Derecho”, sostuvo el rector Valle, quien dio a conocer la declaración pública acompañado por los rectores Diego Durán (U. Católica del Maule), Darcy Fuenzalida (U. Técnica Federico Santa María), Juan Manuel Zolezzi (U. de Santiago de Chile), Claudio Elórtegui (Pontificia U. Católica de Valparaíso), Jaime Espinosa (U. Metropolitana de Ciencias de la Educación), Emilio Rodríguez (U. de Tarapacá), Patricio Sanhueza (U. de Playa Ancha) y Eduardo Silva (U. Alberto Hurtado), en representación de los 29 integrantes del Consejo. Estuvo presente además la secretaria general del CRUCH, María Elena González.

El rector Aldo Valle sostuvo que “hacemos esta declaración atendido que el Director General de Carabineros, Mario Rozas, ha dicho que se va a restringir a un uso acotado. Nos sorprende esa declaración porque los protocolos existentes a la fecha establecen precisamente que ese uso debe ser acotado. Desgraciadamente, de esta declaración se deduce que se ha estado incumpliendo ese protocolo del mismo cuerpo de Carabineros de Chile”.

La declaración del Consejo además desestima que dicha institución pueda hacer uso de estos elementos en casos restringidos. “Lo que procede es que la autoridad política disponga la prohibición absoluta del uso de estos elementos, pues no basta con regular su uso, dejando al arbitrio finalmente de la misma policía su utilización”, aseguran los rectores. En la misma línea, sostienen que “la restricción para casos que la propia policía determinará sigue representando una amenaza y una vulneración para la seguridad e integridad de quienes disienten en estas manifestaciones públicas”.

En este contexto, “decimos a las autoridades y, desde luego, al ministro del Interior, que el orden público no es un sistema de coacción física de hecho sobre la población ni puede garantizarse mediante la lesión física masiva, porque ello representa el orden del miedo y una violación sistemática a los derechos humanos”.

Recurso de protección

Este lunes, los rectores Claudio Elórtegui (PUCV), Eduardo Silva (UAH), Juan Manuel Zolezzi (USACH), Aldo Valle (U. de Valparaíso), Ignacio Sánchez (Pontificia U. Católica), Ennio Vivaldi (U. de Chile), Carlos Peña (U. Diego Portales), Harald Beyer (U. Adolfo Ibáñez), y Álvaro Ramis (U. Academia Humanismo Cristiano), interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En primer lugar, las autoridades académicas solicitan que se abstenga por completo de usar escopetas antidisturbios y sus municiones, en el contexto de las manifestaciones pacíficas a las que se llame en lo sucesivo y en las que participarán los y las estudiantes y la ciudadanía en general.

Además se solicitó al tribunal que se informe exhaustivamente acerca de esa normativa que rige a Carabineros  y de las medidas de capacitación sustantiva que esa institución haya desarrollado para que la misma sea efectivamente respetada por sus funcionarios y funcionarias.

A través del recurso se demandó también que Carabineros informe en detalle acerca de qué tipo de elementos de disuasión pretende usar específicamente en las manifestaciones sucesivas que se desarrollen.

El vicepresidente ejecutivo del CRUCH agradeció “a los abogados, a los dirigentes estudiantiles que han comparecido junto con los rectores, en este recurso de protección y, específicamente, quiero agradecer el trabajo profesional y el esmero generoso que han tenido las abogadas Paula Vial, Nicole Neme y Claudia Sarmiento”.

Lee la declaración completa aquí.