- La medida precautoria aplica sobre una pesquera que, según se evidencia en fotografías tomadas por la comunidad, ya ha iniciado actividades frente a Puerto Williams.

- De confirmarse esta información, se abre una nueva posibilidad de éxito para quienes exigen al Estado excluir la salmonicultura de las áreas prioritarias de conservación en Magallanes.

La gestión ciudadana y política que permitió la intervención del alcalde de Puerto Williams, Patricio Fernández, de la vicepresidenta de la comunidad yagán de Bahía Mejillones, María Luisa Muñoz, y de la investigadora del Programa de Conservación Biocultural Subantártica, Dra. Tamara Contador, en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado el pasado lunes 8 de abril, obligó a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura a recabar antecedentes para presentar a dicha instancia.

La cita tuvo lugar el martes 16 de este mes, con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, y el jefe de la División Acuícola de Subpesca, Eugenio Zamorano, como principales invitados. Durante poco más de una hora, expusieron y respondieron preguntas de los parlamentarios sobre la situación de la salmonicultura en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, especialmente, en lo relativo a concesiones, caducidad de las mismas y posteriores ampliaciones.

A modo de contexto, Zamorano informó que las solicitudes de concesión tardan alrededor de 7 años en ser resueltas, proceso que, en la década de los ’90, se hacía sin información científica. Dicho aspecto, afirmó, fue regulado por la Ley de Pesca en 2012, incorporando, además, obligaciones de control para Sernapesca. A continuación, el jefe de la División aludió al proceso de zonificación del borde costero de Magallanes culminado en 2011, asegurando que la decisión regional entonces fue desafectar alrededor del 60% de las áreas apropiadas para acuicultura (AAA) definidas con anterioridad, manteniendo las asignadas en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, pero prohibiendo el cultivo de salmones en dos de ellas.

A continuación, el profesional presentó los antecedentes de cada una de las cuatro concesiones para salmonicultura otorgadas, específicamente, en el sector de isla Navarino, canal Beagle, frente a Puerto Williams. Junto con aclarar que hay otras 7 a la espera en la misma área, Zamorano comentó que todas fueron solicitadas por Construcciones y Carpintería Naval Concar S.A. en 2001; otorgadas en 2005, y transferidas a la pesquera Cabo Pilar S.A. en 2009. En 2010, este nuevo titular pidió aumentar el tonelaje máximo de producción de salmónidos en tres de ellas, modificación que fue autorizada en 2015, con lo cual dos centros pasaron de 1.500 a 2.500 toneladas permitidas (códigos 120099 y 120101), y uno pasó de 1.500 a 3.427 (120100).

Un arbitraje que cambiaría el escenario

En medio de la presentación, el presidente de la Comisión, Guido Girardi, preguntó por un juicio llevado adelante por el Tribunal Arbitral de Osorno en 2008, donde esta instancia – que resuelve conflictos entre particulares – habría dictado una medida precautoria contra el actual titular de las concesiones. Según consta en el oficio 1161 de enero de 2009, enviado por el juez a Subpesca, se concede “la suspensión total de operaciones y de ingreso de peces y de estructuras flotantes, pontones, balsas jaulas o cualquier otro bien mueble respecto de la concesión de acuicultura”. Dicho fallo, en palabras del Subsecretario, debe ser cumplido por su mérito jurídico.

Ante esta prohibición de operar, Isabel Allende cuestionó la ampliación de la concesión autorizada en 2015, cuando estaba vigente la medida precautoria recién citada, mientras el senador Girardi informó que, según fotografías que le han hecho llegar desde la región de Magallanes, la pesquera sí ha estado ingresando estructuras flotantes a la zona, lo que implicaría una ilegalidad que debe ser informada a Sernapesca. En el mismo sentido, Ximena Órdenes consultó si no era entonces lógico que la autoridad impida la siembra de alevines anunciada para el 27 de este mes.

El Subsecretario respondió con una observación legal, según la cual la precautoria prohibiría, expresamente, la operación y no la ampliación de las concesiones. No obstante, se comprometió a contactar al Tribunal de Osorno para confirmar si la medida sigue vigente, y anunció un tratamiento más profundo del tema en el proyecto de Ley Acuícola que presentará el Ejecutivo este año. Por último, Riquelme adelantó que tiene un viaje a Punta Arenas programado para el 2 y 3 de mayo próximo, momento en el que espera conversar con el Intendente José Fernández, en presencia de la integrante de la misma comisión, senadora Carolina Goic. Girardi, en tanto, prometió oficiar estos antecedentes a Sernapesca.

Reacciones en Puerto Williams

“El Subsecretario de Pesca reconoció que aquí no se cumplió con la legalidad”, dijo la Dra. Tamara Contador, investigadora asociada de la Universidad de Magallanes. “Existe un juicio arbitral que prohíbe la instalación de jaulas, pontones, sin embargo, ahí están instaladas Esperamos que las autoridades rectifiquen sus declaraciones, porque alguien le dijo al Rey de Noruega que el proyecto que aquí se está desarrollando, cumplía con la legalidad”, agregó.

David Alday, presidente de la Comunidad Indígena Yagán de Bahía Mejillones, afirmó que, con esta información, “no hacen más que ratificar lo viciado que ha sido desde el primer momento este proceso; una cadena de errores que hoy se ven coronados con algo tan ilegal como esta medida precautoria, que aún está vigente”. Si bien manifestó su molestia porque ha comprobado que la empresa “sigue trabajando, trasladando cosas, haciendo caso omiso de la prohibición de operar”, también tiene más esperanza pues “nos dio mucha esperanza que la misma Subpesca lo reconociera. Ahora hay que mover todo para que esto se detenga”. Al respecto, además de la gestión que hicieron en Contraloría, informó que van a oficiar al Intendente de Magallanes “para que tome cartas en el asunto; no puede quedarse mudo porque aquí hay algo ilegal, de tribunales”.

Según el alcalde Patricio Fernández, el Subsecretario les “ha dado la razón. Creemos que la instalación de la salmonicultura en Puerto Williams ha sido de una manera ilegal. Creo que estas empresas están al borde al límite de lo permitido por la ley, y creo que hoy en día falta fiscalización (…) la Supertindencia de Medio Ambiente a Subpesca y Subpesca le delega a Sernapesca revisar estas instalaciones”, lamentó, tras lo cual agradeció a la comunidad y a quienes la apoyan en otras regiones, “por tener esa valentía de seguir adelante”.