- La institución invitó a la región a las académicas Antonia Santos Pérez – coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género de CRUCH y AUR – y Carmen Andrade Lara – directora de la Unidad de Género de la Universidad de Chile, quienes expusieron sus trabajos y dialogaron con la comunidad universitaria regional.

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Originalmente, estaba programada una charla para para el mes de junio, pero debido a la toma estudiantil feminista, la autoridad universitaria decidió postergar esta actividad, la cual adquirió más fuerza luego con la firma de los acuerdos en el mes de agosto. Así surgió entonces un Claustro Universitario referido a Género, que se realizó durante toda la mañana del día de hoy, en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, en torno a las presentaciones y conversaciones de las académicas coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Rectores y de la Agrupación de Universidades Regionales, Dra. Antonia Santos Pérez, y de la directora de la Unidad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade Lara. Al evento asistió una mayoría de estudiantes, junto a autoridades, algunos académicos y funcionarios de la institución, para escuchar a dos especialistas que han estudiado y trabajado en las desigualdades de la realidad universitaria.

Primero, Santos Pérez mostró la situación de la desigualdad de género a nivel nacional. Consultada por las diferencias territoriales, afirmó que es más bien menor, aun cuando dice “las que, en menor medida, han desarrollado políticas de igualdad de género en las Universidades, son las regionales”. Sin embargo, para esta académica es mucho más relevante considerar el nivel socioeconómico. “Aquellas universidades que tienen estudiantes con mayor nivel de gratuidad son universidades donde las tomas han sido más prolongadas y con unos niveles de violencia mayor. Por tanto, eso nos está diciendo que son estudiantes que vienen con unas carencias y que vienen con una situación que hay que atender de manera particular, porque se está transformando en el perfil de las estudiantes que ingresan a la universidad, y de eso hay que hacerse cargo. (…) Son jóvenes muy carenciadas, que acumulan una historia por madres, abuelas, etc., de mucha vulneración de derechos, por tanto, ellas encarnan una herencia muy dolorosa”, explicó.

Tras una pausa, intervino la directora de Género de la Universidad de Chile, quien contó la experiencia de los dos años de trabajo y las dos décadas de estudio que su institución ha dedicado al tema. Andrade Lara habló de diferencias salariales asociadas a las profesionales – más mujeres en las ciencias sociales, por ejemplo – y de la ineficacia del sumario administrativo para sancionar el acoso sexual. “El menos apropiado”, sentenció, pues su procedimiento se funda en una lógica asimétrica, otorgando derechos al inculpado por sobre una víctima que no existe como figura.

Por eso valoró el logro de las universidades, de incorporar en la Ley de Universidades Estatales una indicación que reconoce los mismos derechos para inculpado(a) y afectado(a) en el proceso de investigación de las denuncias por acoso sexual, y no discrimina por tipo de contrato ni impide la denuncia cruzada y entre pares. También destacó el aumento en un año por cada maternidad en el plazo que tiene una docente para optar a la jerarquización académica, y la libertad de escoger asignaturas deportivas por identidad social y no sexual.

Entre los problemas subrayó la falta de caracterización base para dimensionar la maternidad y paternidad estudiantil, las trabas culturales, la falta de capacitación de quienes acogen e investigan denuncias, y el exceso en la extensión de los plazos para estos procesos. Andrade también compartió aquellas acciones que la Chile tomó para enfrentar el tema: mantiene la participación triestamental; desarrolló modelos de atención con grupos de trabajo para temas específicos, e implementó una Defensoría Jurídica y una Fiscalía Especializada.

Punto de inflexión

Para la coordinadora de género CRUCH-AUR, las Universidades están en un punto de inflexión, en donde corresponde cumplir los compromisos pactados tras las tomas y evaluar no sólo las capacidades de las autoridades para lograrlo, sino también de las estudiantes para monitorearlo. “Aquí no sirven las recetas de cualquier institución y en cualquier sitio, no, sino que se debe localizar territorial y socialmente. Son procesos que se deben construir internamente, y se deben consensuar también internamente”, aseguró Santos.

En el mismo sentido, Andrade destacó que está bien tener protocolos, pero que lo más importante es tener políticas para apuntar hacia la prevención de la violencia y el acoso sexual, algo que sólo va a ser posible si la comunidad universitaria se convence de esta injusticia. En todo caso, está esperanzada. “Si yo miro esto en perspectiva, piense usted que mi abuela no tuvo derecho a voto. De allá venimos, o sea, las desigualdades eran profundas, profundísimas, y yo creo que hemos avanzado harto, pero éste es un camino que continúa”, concluyó.