Declaración Pública

El jueves 25 de mayo, en medio del diálogo con académicos de su departamento, los estudiantes de Psicología iniciaron un paro decidido por una asamblea donde participó el 26% de los matriculados en dicha carrera. Días después, y debido a la continuación de la actividad académica por parte de los profesores, la misma carrera realizó otra reunión, donde 32 alumnos decidieron “tomar” el edificio de las Facultades de Educación y Ciencias Sociales y de Ciencias Económicas y Jurídicas, a partir del 8 de junio. Tal como la dirección de Asuntos Estudiantiles informó a los dirigentes a inicios del año, la aplicación de esta medida ilegal supuso la interrupción unilateral e inmediata del diálogo. En reacción, el Consejo Estudiantil de Presidentes llamó a una asamblea general donde participó el 23% de los alumnos de la Universidad de Magallanes, 18% de los cuales votó a favor de ocupar el campus central a partir del 14 de junio.

Al momento de iniciar este conflicto, los decanos ya habían sostenido una serie de encuentros con los dirigentes estudiantiles, y la Rectoría había tenido dos reuniones con los presidentes salientes y con los entrantes, para hablar acerca del avance en el cumplimiento de los acuerdos que pusieron fin a la “toma” de 2016. En todas estas citas se mantuvo un buen ánimo que, incluso, dio pie a hablar acerca de cómo trabajar en conjunto los proyectos del año.

La primera vez que se le pidió al Centro de Estudiantes de Psicología que depusiera la toma, los dirigentes reconocieron ante los decanos y vicerrectores que estaban buscando la recalendarización del semestre, por los efectos académicos que estaba teniendo para ellos el paro inicial. Tal argumento fue considerado por las autoridades como insuficiente para aplicar una medida tan fuerte como lo es ocupar un edificio, pues podría utilizarse cada vez que un grupo de alumnos corra el riesgo de reprobar. Máxime, cuando buena parte de las demandas solicitadas por ellos se han cumplido, y otras están en proceso de lograrlo.

Al respecto, es preciso aclarar a la comunidad que, tras un acabado análisis por parte de rector, vicerrectores y decanos, se concluyó que hemos avanzado en un 87.8% en aquellos acuerdos que los estudiantes esgrimen, públicamente, como fundamento de la “toma”. En concreto, hablamos de 68 puntos que se consensuaron con los estudiantes en 2016, 52 de los cuales están cumplidos en un ciento por ciento. Aquí destaca la apertura de espacios de diálogo con los estudiantes, a través de la convocatoria permanente a reuniones de Consejo de Facultad y de Departamento, y de las reuniones sostenidas con sus decanas y decanos y con directores de distintas unidades; el monitoreo continuo de los compromisos adquiridos en 2016 por parte de las máximas autoridades de la institución; el incremento en la transparencia informativa hacia los estudiantes, situación que se ve refrendada con el primer lugar obtenido a nivel nacional por la Universidad de Magallanes, en lo que se refiere a transparencia activa; el crecimiento en el presupuesto destinado a reparación y construcción de salas, baños y laboratorios con su respectiva implementación, y de accesibilidad física y digital para personas en situación de discapacidad; la vacunación gratuita en Hepatitis B para todos los estudiantes de carreras de la Salud, y la renovación tecnológica que permite mejorar la conectividad y acceso al servicio de Internet, entre otros aspectos.

En los 16 puntos restantes hay distintos grados de avance, asociados a la gestión y a la disponibilidad de recursos, como capacitación en aspectos pedagógicos para la docencia, reestructuración de la malla curricular de Derecho que, como en todo programa académico, toma mucho más tiempo del comprometido inicialmente, y gestión de espacios para la enseñanza, acerca de la cual se cumplió con el estudio que arrojó casi un 90% de uso de las salas destinadas a clases. Punto aparte merece el tema de accesos y luminarias, algunos de los cuales están en proceso de implementación o de licitación, pues existe un proyecto de Urbanización del Campus Universitario de largo plazo, presentado a Intendencia por cerca de 2 mil millones de pesos.

Otra de las dificultades detectadas desde la finalización de la “toma” de 2016, es la falta de organización y participación regular de los estudiantes, en las instancias donde han ido ganando espacio, ya sea por falta de interés o de organización. Es de público conocimiento que no han podido contar con una Federación, y que sus estatutos dejan en manos de unos pocos, decisiones fundamentales para todos, al punto que la última Mesa Ejecutiva comprometió cambiarlos el año pasado, sin que eso se haya concretado.

También es evidente para la comunidad que hemos cambiado nuestra actitud. En años anteriores, nos sentamos a negociar en medio de la “toma”, pese a todo el daño que eso le ocasionaba a la institución (sobre todo cuando en 2015 hubo destrozos y pérdidas millonarias, y en 2016 se detuvo un mes y medio la actividad académica), porque las motivaciones eran mejorar la calidad de la educación superior chilena, o reclamar por situaciones internas que no estaban siendo atendidas. Pero hoy, la causa es insistir en un petitorio que está resuelto en más de un 80%. Esperamos que la comunidad comprenda que nuestra misión es formar a jóvenes como personas responsables de sus actos porque, de otro modo, no se entiende un buen profesional, y eso no se logra sólo en el aula, sino también en estas circunstancias.

Éstas son las principales razones por las que hemos solicitado a los estudiantes que devuelvan los edificios, y nos hagan llegar sus demandas que, hasta ahora, no han pasado de ser anuncio, para que podamos retomar el diálogo que nos permita llegar a acuerdos, como ciudadanos responsables de nuestros actos y de sus consecuencias.

Rector, vicerrectores y decanos de la Universidad de Magallanes