-Tras exponer ante la comunidad universitaria de la UMAG los principales contenidos que están colocados en la propuesta que hoy se discute en el Congreso, la  nueva jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, Alejandra Contreras, respondió algunas inquietudes en torno a las consideraciones regionales de la reforma, admitiendo que es un “déficit del proyecto” dado que “no se establece un instrumento específico para lo regional”.

-En ese contexto, dijo que es un tema que se va a trabajar, porque en cuanto a financiamiento, “no existe al día de hoy una definición completa tomada”.

Con el proyecto de Reforma a la Educación Superior ya en trámite legislativo, este viernes, la abogada Alejandra Contreras Altmann, recientemente nombrada jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, llegó hasta la Universidad de Magallanes para compartir con las autoridades académicas, funcionarios, docentes y estudiantes del plantel regional, mayores detalles acerca del texto legal y el proceso de reforma.

Las palabras de bienvenida a su exposición, estuvieron a cargo del rector Juan Oyarzo, quien valoró su visita y el hecho de que se pudiera concretar este espacio de debate para hablar de lo que considera un “cambio trascendental” para el sistema de educación superior en nuestro país. “Ahora estamos viviendo una segunda etapa, que viene luego de la gratuidad y de la ley de carrera docente “, destacó Oyarzo refiriéndose al avance que presenta este proyecto, pero a partir del cual espera también “suban las fiscalizaciones para aquellas instituciones privadas que reciben recursos del Estado, sin que tengan que pasar por Contraloría cada inversión que realizan”.

Agradeciendo la intervención del rector y antes de comenzar a describir los principales aspectos del proyecto de ley, la jefa de la Divesup, informó que el proceso en el Parlamento radica hoy en una instancia de audiencias con el objetivo de reunir opiniones de los principales actores del sistema de educación superior, lo que permitirá, posteriormente, consensuar los ajustes y realizar las indicaciones que fuesen necesarias para mejorar y fortalecer el articulado.

Al entrar de lleno en la conferencia, partió mostrando un diagnóstico acerca de la actual institucionalidad y marco regulatorio, para luego pasar a detallar los objetivos de la reforma y la estructura del proyecto de ley en cada uno de sus capítulos: creación de la Subsecretaría de Educación Superior, creación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, creación de la Superintendencia de la Educación Superior, Regulaciones y prohibiciones aplicables a las instituciones sin fines de lucro, Educación Superior Estatal y Financiamiento.

“Yo creo que lo más importante es poder tener un articulado del proyecto que refleje realmente los objetivos del proyecto, y en lo que veo hay bastante acuerdo, en que hay que mejorar sustantivamente la calidad de la educación superior, las facultades de regulación de los distintos actores, el tema del financiamiento que tiene que tener una estructura distinta a lo que es en la actualidad, tanto para los alumnos como para las instituciones, y un elemento central que tiene que ver con el fortalecimiento de las universidades estatales que, claramente, es uno de los objetivos importantes del proyecto y que, en opinión de algunos, no está tan bien reflejado en el articulado”, sintetizó Contreras tras la charla, esperanzada en que llegarán a buenos consensos en el Congreso.

Las inquietudes de los asistentes se centraron en cómo llevar adelante la reforma desde una mirada más territorial, sobretodo en cuanto a financiamiento y las dificultades que se presentan, por ejemplo, a nivel local, con el tema presupuestario. Al respecto, Contreras dijo que aún no hay definición de cómo van a operar los fondos que se contemplan para las universidades estatales y que, además, en el proyecto no existe un instrumento específico para lo regional, por lo que no hay nada concreto sobre el tema.

La jefa de la Divesup junto a las autoridades de la UMAG.

“Vamos a tratar de avanzar y por eso se ha pretendido a través de la ley crear los fondos básicos, que es el fondo de investigación y el fondo de universidades estatales. Se podría dar un paso más allá y distinguir quizás algunas situaciones respecto a lo regional, pero en este minuto aún no está definido”, aseveró. Luego de esta reflexión, admitió que “el tema regional no está reflejado, adecuadamente, en el proyecto y es algo que tenemos que mejorar, porque para el Ministerio de Educación es clave y muy importante la existencia, el crecimiento y la consolidación de las universidades regionales”.

En lo que refiere al Sistema de Aseguramiento de la Calidad que viene a reformar los actuales procesos de acreditación, Contreras también respondió varias dudas, la mayoría referidas a la definición de los criterios de evaluación y las mayores exigencias que plantea el nuevo sistema. “La acreditación es institucional y es obligatoria, es decir, una institución que no esté acreditada, no va a poder seguir existiendo. Creo que es un cambio sustantivo a lo que hoy existe, en que hay instituciones un poco escondidas de la regulación que pueden sustentarse, pero que no mejoran”, explicó.

Junto con la obligatoriedad de la acreditación institucional, desaparece la certificación de carreras, a excepción de las Pedagogías, Medicina y los programas de Doctorado que cada universidad imparta. También desaparecen las cuestionadas agencias acreditadoras, creándose un Consejo para la Calidad de la Educación Superior. A los criterios que hoy se establecen para la evaluación, en tanto, se incorporarán estándares más objetivos que permitirán avanzar,  a la institución de educación superior, por niveles de calidad.