-Los gremios agrupados en la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Funcionarios de las Universidades del Estado de Chile, CONFUECH, llegaron a un consenso con el Ejecutivo para elaborar, a la brevedad, un proyecto de ley que permita ampliar la cobertura  e incorporar mejoras económicas al plan de retiro voluntario de los trabajadores no académicos de los planteles estatales.

Satisfechos por el logro alcanzado luego de dos años de negociaciones con las autoridades, este jueves 7 de julio, los dirigentes sindicales de la CONFUECH  y representantes del Gobierno, suscribieron el esperado protocolo de acuerdo sobre Incentivo al Retiro, documento que establece los compromisos para una nueva ley sobre el beneficio laboral al que se acogen, año a año, cientos de funcionarios universitarios a lo largo del país.

Junto con valorar el trabajo de los gremios sostenido al alero de la Mesa del Sector Público liderada por la CUT, Mónica Álvarez, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes (AFUM) y también presidenta de la Agrupación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales (ANTUE), dijo que, con este acuerdo se hace un reconocimiento a los años de servicio, generando mejores condiciones económicas que los dos proyectos anteriores.

“El Gobierno se comprometió a financiar 2.870 cupos en esta nueva ley, que va a tener vigencia del 1 enero de este año, hasta el 31 de diciembre de 2024”, informó la dirigenta de la UMAG tras su viaje a Santiago, haciendo hincapié en que quedó establecido un aumento de la bonificación adicional, partiendo de las 420 UF para funcionarios con 10 a 19 años de servicio, hasta las 560 para aquellos que prestaron funciones por 40 años y más. De igual forma, destacó que se pudieran instalar otros temas, como permitir la herencia del beneficio, que, a su juicio, “supone la protección que el Estado debe dar en caso de muerte del funcionario que se adjudique un cupo”.

Ahora, el paso siguiente del trabajo de las organizaciones gremiales, es cautelar que la propuesta, en los términos acordados, se transforme en Ley. En ese contexto, Álvarez, afirmó que van a sostener algunas reuniones más con los representantes del Ejecutivo con la finalidad de asegurar que la redacción del texto legal, sea apropiada y coherente con los objetivos del protocolo firmado. Posteriormente a ello, dijo que el Gobierno, según lo comprometido, va a ingresar el proyecto de ley con trámite de suma urgencia al Congreso antes de fin de mes, “en el entendido que los recursos que se aprueben, deben estar disponibles para la gente que ya está en condiciones de retirarse este mismo año”, agregó.

Sobre la cobertura a nivel regional, sostuvo que es una tarea de los gremios fijar los criterios de selección de los cupos, pero que el espíritu de los dirigentes está en cuidar que sea una distribución justa entre las universidades más grandes y las más pequeñas para que ninguna salga desfavorecida.

La presidenta de ANTUE, por último, agradeció la labor efectuada por sus colegas dirigentes de las demás organizaciones, en el sentido de haber podido llevar en conjunto, una buena negociación. “Eso habla de lo que siempre dijimos: no nos íbamos a permitir tener una ley con las mismas 395 UF establecidas, ya que siempre fueron insuficientes para los trabajadores no académicos de las universidades del Estado”, concluyó.