El Mercurio, 10 de abril de 2016
Señor Director:
Sorprendentemente, antes que el Gobierno haya dado a conocer formalmente el proyecto de reforma a la educación superior chilena, ya han surgido diversos reportajes, declaraciones y noticias que alertan sobre los supuestos peligros que esta entrañaría y que, por tal razón, es necesario detenerla.
Entre los múltiples ataques destaca la crítica de que en la reforma subyacería una eventual construcción ideológica y estatista, que sustituiría completamente al mercado como factor inspirador y ordenador fundamental, dejando esta opción en una posición desideologizada, como si estuviera ajena a una determinada visión de mundo.
Resulta también impresionante y desmedido el temor de quienes están a favor que nada cambie en educación superior de que la reforma estaría implementando un modelo estatista. Esta ilusión resulta solo explicable si se considera el inédito extremismo privatista que constituye el actual marco de referencia.
Las señales son contradictorias, por cuanto las minutas conocidas sobre la reforma a la educación superior explicitan el reconocimiento de un sistema de “provisión mixta”, en el cual “coexisten instituciones privadas, no estatales con vocación pública e instituciones estatales”. Es precisamente esa provisión mixta la que está en peligro hoy, por la inminente desaparición del sector estatal.
Entonces, es incomprensible que se cuestione cualquier apoyo a las universidades estatales, instituciones que el mismo Estado generó, ignorando olímpicamente la drástica restricción y peor desnaturalización a las que estas han sido sometidas desde la reforma de 1981, limitando su crecimiento, haciéndolas competir con instituciones privadas que han actuado sin ninguna restricción.
Consideramos que durante el presente año la sociedad chilena, los diferentes actores involucrados en este proceso y especialmente los jóvenes no pueden dejar de debatir y pronunciarse acerca de dos puntos fundamentales:
1. La reconstrucción de un sistema de instituciones de educación superior públicas que garantice educación de calidad, pluralista, equitativa, participativa e impulsora determinante del desarrollo regional y nacional. Sistema que debe representar una parte significativa de la oferta global y puede incluir -eventualmente con gradualidad determinada por la mayor o menor identidad que asuman con lo que entendemos como público- a universidades no estatales.
2. Los mecanismos para garantizar a todos los estudiantes, y a sus familias, que actualmente pagan o reciben gratuidad, que serán formados en instituciones de calidad y que dan cuenta pública del uso de los recursos estatales que reciben con transparencia. Especialmente imperativo es asegurar que los fondos fiscales destinados a educación superior sean efectivamente utilizados, independiente de la condición jurídica de quien los reciba.
Arturo Flores F.; Gustavo Soto B.; Luis Loyola M.; Celso Arias Mora; Nibaldo Avilés P.; Patricio Sanhueza V.; Aldo Valle Acevedo; Ennio Vivaldi Véjar; Juan Manuel Zolezzi C.; Jaime Espinosa A.; Luis Pinto Faverio; Rafael Correa F.; Álvaro Rojas Marín; Héctor Gaete Feres; Sergio Bravo Escobar; Óscar Garrido A.; Roxana Pey Tumanoff; Juan Oyarzo Pérez
