Juan Oyarzo Pérez | Rector de la Universidad de Magallanes

Si bien la humanidad es diversa, hay temas que hacen surgir las diferencias en forma especial. Entran en esta categoría, entre otros, la legalización del aborto terapéutico, el consumo de marihuana, la reforma tributaria y también la lucha por la gratuidad de la educación superior.

En este contexto, llama la atención la recurrencia con que la oposición utiliza la palabra “discriminación” para referirse a lo que sucede cuando el Gobierno define por quién comenzar con el beneficio, marginando a la mayoría de las instituciones privadas. Y sorprende, porque hubiéramos querido que tuvieran esa misma sensibilidad en 1981, cuando, administrando el Estado de la mano de los militares, le quitaron más de la mitad del sustento económico a las universidades estatales, para entregarla a las privadas, sin que éstas tuvieran que rendir esas platas fiscales con la rigurosa y lenta normativa que pesa sobre el Estado. Gracias a ello, las particulares pudieron destinar parte de los recursos a agrandar sus edificios, construir campus, hacer mucha publicidad, dar vida a inmobiliarias y otras empresas anexas a este negocio en que se convirtió nuestra educación. Ni siquiera tenían la obligación de contratar profesores a jornada completa; muchas escuelas se abrieron y mantuvieron, únicamente, sobre la base de académicos a honorarios, mientras lucraban con el escaso dinero de las familias de los estudiantes. La plata de las estatales fue a parar a las privadas en medio de un régimen antidemocrático, y hoy son nada menos que 1.500 millones de dólares fiscales los que llegan a sus arcas. ¿Y hablan de discriminación? ¿Cuál de los parlamentarios que hoy recurren al Tribunal Constitucional o lo respaldan en su decisión, ha reconocido este trato diferente y perjudicial para las casas de estudios superiores públicas desde su nacimiento? ¿Desde cuándo está dispareja la cancha? ¿Qué están defendiendo, realmente?

Dicen que a los estudiantes de escasos recursos de universidades, centros de formación técnica e institutos privados, quienes no tienen la culpa de estudiar en un recinto que no sea estatal, por lo que también tienen derecho a una educación gratuita y de calidad. Por supuesto que la tienen. Pero el dinero llega a manos de las instituciones y no de los estudiantes, por lo tanto, las instituciones tienen que regirse por una normativa lo suficientemente estricta, como para que estemos seguros de que ni un peso se va a ir a las empresas o domicilios de sus dueños. Máxime cuando estamos asistiendo a un descrédito de la clase empresarial chilena, luego de develarse un sinnúmero de casos en que el concepto de lo público o del bien común no asoma por ninguna parte.

Lamento el fallo del Tribunal Constitucional en esta materia, pues si inconstitucional significara antiético, habría que comprender que es ilógico no iniciar la gratuidad porque no alcanza para todos. Efectivamente, no alcanza, pero alcanza para, al menos, 200 mil estudiantes, que son los que han optado por no actuar como si la educación fuera un bien de consumo por el cual pueden reclamar ante el Sernac, y han ingresado a las universidades del Consejo de Rectores. Confío, en todo caso, en que la Presidenta Michelle Bachelet cumplirá su palabra de encontrar el modo de aumentar el número de beneficiados, por el bien de los vulnerables.